Derecho a la salud: ¿Derecho garantizado?

Por Hernán Sandoval, decano

La pregunta del título fue la que convocó a un seminario para tratar de responderla en noviembre de 2016 en la UDLA, con académicos extranjeros y nacionales.

Se señaló que hay muchos países que tiene buenos sistemas de atención de la salud, sin que esté explícitamente establecido como derecho constitucional, y que el funcionamiento de la buena atención depende más de las políticas públicas y las tradiciones del país, que del establecimiento de un derecho constitucional. En América Latina hay países donde está garantizado el derecho a la salud, sin que ello genere mejores indicadores que los de Chile, donde no lo está, porque la referencia constitucional al mismo tiempo es parcial y solo se menciona al sistema de atención que las personas pueden elegir, público o privado. En Chile se ha avanzado en la formulación de normas y mecanismos que permiten garantizar el acceso de toda la población a una atención médica de calidad, mediante la ley 19.966, Régimen de garantías (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=229834) del 2004, para un grupo seleccionado de patologías en función de su impacto sanitario que, sin embargo, no responde a todas las expectativas de los ciudadanos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluyó que es mejor establecer explícitamente “el derecho a la salud” en una eventual nueva constitución en Chile, porque al declarar un derecho los ciudadanos tienen la posibilidad de exigir su cumplimiento. Además, se planteó que cuando hablamos del derecho a la salud, no solo tenemos que referirnos al derecho a la atención médica, sino que también tenemos que plantear cómo la sociedad crea las condiciones para una vida saludable.

Se precisó, además, que la salud es un derecho que tiene como condición previa el ejercicio de otros derechos, que permiten crear las condiciones para alcanzar el máximo de salud posible, entre ellos, tenemos el derecho al agua potable y la alimentación saludable, un ambiente sano y libre de contaminación, la educación y otras políticas públicas de protección social que permiten una vida buena. El Estado debería garantizar este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.